La empresa bandera de los hermanos Hiro y Kenji Fujimori, Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), hoy llamada Integrated Global Logistics (IGL), se vio obligada a desembolsar US$ 183,750 en virtud a una orden que un juzgado del Callao le impuso en octubre del 2015 para cancelar dos años de alquiler impago de un terreno de 5 mil m2 que la almacenera ocupa desde 2012 en el Fundo Oquendo.
El Tercer Juzgado Civil del Callao, a cargo de la jueza Marianella Leonardo Infante, había ordenado en junio pasado el embargo de esa suma de dinero de las cuentas bancarias de IGL (ex Limasa) para honrar la deuda con Jorge Luis Colán Lévano, el humilde anciano que en el 2012 le alquiló a Hiro Fujimori el predio del que es posesionario, luego de que el mayor de los Fujimori lo contactara en su búsqueda de un terreno para ampliar las operaciones de su depósito industrial y le pidiera firmar un contrato de arrendamiento, lo que ocurrió.
El 6 de setiembre pasado, la misma jueza Leonardo emitió la Resolución No 20 en la que dio cuenta que el embargo ya estaba ejecutado, pues las entidades bancarias donde posee cuentas IGL habían cumplido con efectuar los depósitos correspondientes.
Pero hay un problema: Colán Lévano aún no puede disponer de ese dinero.
En la misma resolución, la titular del Tercer Juzgado Civil del Callao señaló que la entrega de los US$ 183,750 se mantendrá en reserva debido a que la victoria judicial de Colán, ocurrida en octubre del 2015, es aún parcial y no definitiva. Ha pasado un año y la instancia superior del Callao aún no resuelve la apelación que los abogados de IGL plantearon a la decisión que ordenó la ejecución y el pago de la deuda.
“Se requiere el pronunciamiento [respecto] de la apelada, ya que de no ser confirmada dicha resolución, se causaría un perjuicio económico irreparable a la parte demandada, al ser irreversibles los efectos que generaría el desembolso de la suma retenida”, consideró la juez civil en el quinto considerando de su resolución.
Por esa razón, la parte decisoria de su resolución señala: “Resérvese la entrega y el endose del Certificado N° 2016000508052 por la suma de US $ 183,750.00 (Ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta y 00/100 dólares americanos) hasta que se resuelva la apelación contra la resolución N° 11 de fecha cinco de octubre del año dos mil quince”.
UNA HISTORIA DE “PERRO MUERTO”
Como se recuerda, en mayo pasado Poder.pe y La República revelaron la historia del “perro muerto” del que es víctima Colán Lévano, modesto agricultor del Fundo Oquendo, quien fue contactado por Fujimori para que le alquilara 5 mil m2 del terreno agrícola que el hombre mayor posee desde hace décadas.
En agosto del 2012 llegaron a un acuerdo y un representante de Limasa, José Begazo Ramos, suscribió con Colán un contrato de alquiler por el cual la empresa de los Fujimori se obligaba a pagarle al agricultor US$ 9,187 mensuales durante dos años.
Pero Limasa solo cumplió el contrato por once meses. A partir del 2013 dejó de hacerlo argumentando que Colán no era el propietario del inmueble, sino la empresa Inmobiliaria Parques Oquendo, la misma empresa que le alquila a Limasa el terreno principal sobre el que opera desde el 2009.
Colán intentó solucionar el problema vía notarial y un centro de conciliación, pero sus intentos no dieron frutos. Posteriormente, demandó a Limasa por la vía civil.
En julio del 2014 Limasa se convirtió en IGL, cuando selló en Japón un acuerdo mediante el cual se convirtió en socio de una gigante nipona de la logística y el transporte de carga, Sankyo Corporation. Desde entonces, los Fujimori y sus socios, se convirtieron en empresarios “transnacionales”.
(Foto de portada: larepublica.pe)
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